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El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución fundada en 2002, cuyo objetivo es abordar el tratamiento de esta violencia desde la Administración de Justicia. Actualmente está integrado en el Consejo General del Poder Judicial; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Ministerio del Interior; la Fiscalía General del Estado; las Comunidades Autónomas con competencias transferidas a los Juzgados; el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Notariado Español.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es un instrumento de análisis y elaboración de políticas que propone iniciativas y medidas en el ámbito de la Justicia dirigidas a erradicar la violencia doméstica y de género.
El memorándum por el que se creó el Observatorio se firmó el 26 de septiembre de 2002. Actualmente está integrado por las siguientes instituciones: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ocupa la Presidencia; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Fiscal General del Estado; las Comunidades Autónomas con competencias judiciales, mediante rotación anual; el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Notariado Español.
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Las asociaciones de mujeres españolas han reclamado una ley integral contra la violencia de género desde 1993 [1], entre 1994 y 1998, las asociaciones de mujeres lucharon por conseguir una ley sobre las órdenes de alejamiento para los hombres violentos, y protección para las mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica.
La reivindicación de una ley integral contra la violencia de género, fue continua, se realizaron diversas campañas hasta que a finales de 1998, el Partido Socialista asumió el reto, e invitó a dichas asociaciones a elaborar el primer proyecto de ley contra la violencia de género, presentado en el Parlamento por el Grupo Parlamentario Socialista el 16 de diciembre de 2001. Se realizó una votación para aceptar la propuesta, que finalmente fue rechazada por los votos del gobernante Partido Popular.
Al ser rechazada la propuesta, el Secretario General del Partido Socialista D. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que la primera ley de su gobierno sería una ley compresiva contra la violencia de género.
A Daphne “Proteger” promovida por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con socios Deutscher Juristinnenbund (DJB) y Associaçao Portuguesa de Muheres Juristas, LEFO de Austria y la Fundación La Strada de Polonia, elaboró la “Guía de buenas prácticas y usos forenses para combatir la violencia de género en Europa” y propuso una ley compresiva.
Isla en directo
Durante los últimos cincuenta años, las Islas Canarias han experimentado un cambio radical en cuanto a los flujos de movilidad exterior. A partir del boom turístico de los años 60 y 70, las Islas cambiaron su tradicional papel emigratorio por uno inmigratorio. En los últimos años, estos flujos migratorios han alcanzado su punto álgido con el empadronamiento de más de 61.000 nuevos residentes extranjeros. Esta evolución ha llevado a esta Región Ultraperiférica a tener la segunda mayor tasa de extranjeros residentes de España. Esta última etapa migratoria se ha caracterizado por el gran número de inmigrantes irregulares llegados de países subdesarrollados como Marruecos, Colombia y Mauritania. Ligado sin duda a este proceso, se ha producido un notable incremento de la población femenina residente en Canarias. Estas mujeres inmigrantes están sustituyendo a las autóctonas en trabajos poco cualificados y mal remunerados. Ante esta situación, un estudio de género puede contribuir al desarrollo de una forma de vida plural, multiétnica e intercultural que neutralice los peligros de discriminación y racismo en Canarias.
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