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Las víctimas de violencia de género o de delitos de odio podrán contar con los servicios de un procurador de forma gratuita desde el momento en que presenten la denuncia en la comisaría, lo que agiliza el proceso judicial desde el principio y sin tener que esperar a la fase en la que es obligatoria la representación por un abogado.
Esta es la principal medida incluida en el convenio que el ministro de Justicia ha firmado con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la prestación del Servicio de Representación Procesal. Un servicio que se puso en marcha el año pasado con el objetivo de garantizar el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva, agilizando los procedimientos judiciales y mejorando así la calidad del servicio que la Administración de Justicia presta a los ciudadanos de la región.
Ibarrola ha destacado que esta asistencia “beneficia claramente a las víctimas, ya que supone la prestación de un servicio de ‘abogados de guardia’ encargados de recibir las notificaciones y realizar los actos de comunicación entre la víctima y el presunto agresor mientras el órgano judicial designa al abogado definitivo”.
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Además, es un delito realizar actos sexuales con menores de edad (menores de 16 años). Además, las penas son más severas cuando en la comisión de los supuestos actos se utiliza la violencia o la intimidación. Esto incluye obligar a un menor a actuar sobre un tercero o a realizar los actos sobre sí mismo.
Además, es un delito que una persona, con fines sexuales, incite a una persona menor de 16 años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga realizar actos de naturaleza sexual, aunque el autor no participe en ellos. Esto podría ocurrir a través de Internet, el teléfono o cualquier otra tecnología o comunicación que permita la comunicación con el menor. Además, la propuesta de encuentro con el fin de cometer cualquiera de los delitos señalados es un delito. Siempre que dicha proposición vaya acompañada de actos materiales dirigidos al acercamiento del menor. Asimismo, existen penas más severas y graves cuando el contacto se realiza bajo coacción, amenazas o mentiras.
El uso de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología o comunicación para contactar con un menor de 16 años y realizar actos de engaño para facilitarle material pornográfico, o para mostrarle imágenes pornográficas, en las que aparezca un menor, se castiga con pena de prisión.
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No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de un ciudadano de estos países al que se aplique el régimen de ciudadano de la Unión.
Para la concesión definitiva de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se requerirá que el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluyendo el expediente por estar el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del imputado.
Orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. Con esta documentación se concederá de oficio una autorización provisional de residencia y trabajo. La autorización se resolverá definitivamente cuando concluya el proceso penal, para lo cual deberá aportarse la sentencia.
Sentencia condenatoria, resolución judicial de la que se deduce que la mujer ha sido víctima de violencia de género que pone fin al procedimiento penal, archivando la causa por encontrarse el acusado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del acusado. En este caso, se podrá obtener la autorización definitiva de residencia y trabajo.
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