Respuesta sanitaria a la violencia de pareja en España
IntroducciónEn las últimas décadas se ha producido un creciente reconocimiento de la violencia contra la mujer (VCM) como un grave problema social y de salud pública de proporciones epidémicas entre diferentes organizaciones mundiales (Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud) y los gobiernos de numerosos países [1, 2]. Entre los distintos tipos de VCM, la violencia contra la mujer ejercida por la pareja es la más común [3-6].
Dada la importancia de este enfoque bystander para prevenir y afrontar cualquier tipo de VCM [8-11, 19], el presente trabajo se centra en el comportamiento de los bystander y su disposición a intervenir en casos de VCM en España, entendido en el contexto teórico del modelo bystander de intervención en emergencias de Latané y Darley [20], y de la adaptación de Banyard [21] a las características específicas de la VCM.
En este sentido, una revisión exploratoria sobre los comportamientos de ayuda de los espectadores en casos de VCM en España [36] muestra que, efectivamente, existe una cantidad limitada de investigación sobre este tema, pero las investigaciones realizadas sugieren que un porcentaje sustancial de personas han sido testigos en casos de VCM. Así, por ejemplo, algunas encuestas sociológicas muestran que entre el 18% y el 23% de los adultos españoles conocen a una mujer víctima de VPI en su círculo de amistades o familiar [27, 28, 38-46]; alrededor del 36% de los adolescentes tienen conocimiento de parejas en las que el chico abusa de la chica [47-50]; alrededor del 27% de los adultos españoles conocen a una mujer víctima de agresión sexual [51]; y entre los estudiantes universitarios, el 62% han experimentado directamente o conocen a alguien que ha experimentado algún tipo de violencia de género en la universidad [52]. Además, como señalan investigaciones previas en muchos países (p. ej., Lazarus & Signal [53]), las mujeres españolas han informado en general de un mayor conocimiento de diferentes casos de VCM en la IPVAW, la agresión sexual u otros tipos de VCM que los hombres españoles [43, 49-51].
Base de datos sobre violencia de género
MADRID (AP) – Una oleada de violencia de género, unida a la puesta en libertad anticipada de varios delincuentes sexuales, ha aumentado la presión sobre el gobierno de izquierdas español, que hace mucho alarde de sus credenciales feministas, para que haga más por proteger a las mujeres de los abusos.
Tras una reunión urgente celebrada el viernes, el Ministerio de Igualdad del país propuso ayudas a la vivienda y a los ingresos para las víctimas de abusos, pero dijo que no era necesario endurecer una ley que ha permitido a algunos agresores sexuales revisar y reducir sus condenas.
“Tenemos que ser capaces no sólo de poner a disposición servicios de protección, sino también (…) de llegar de forma efectiva a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tras estudiar estos casos, el Ministerio de Igualdad descubrió que algunas de las víctimas habían estado viviendo con sus presuntos asesinos por motivos económicos. Montero dijo que tenía previsto proporcionar servicios de alojamiento y una renta mínima vinculada al salario a las mujeres que habían sufrido violencia y seguían siendo vulnerables.
Las estadísticas muestran un ligero descenso en el número de asesinatos anuales desde 2000. Los registros se han estabilizado justo por debajo de 50 en los últimos años, pero no está claro cuánto más pueden reducirse estos crímenes.
Violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado
Hoy en día, nadie puede negar que los datos abiertos tienen un gran poder económico. La propia Comisión Europea estima que el volumen de negocio de los datos abiertos en la UE27 podría alcanzar los 334.200 millones en 2025, impulsado por su uso en ámbitos vinculados a tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o las tecnologías del lenguaje.
Pero además de su impacto económico, los datos abiertos también tienen un importante valor para la sociedad: proporcionan información que visibiliza la realidad social, impulsando la toma de decisiones informadas para el bien común.
En nuestro país, organismos locales, autonómicos y estatales publican conjuntos de datos relacionados. Para facilitar el acceso unificado a los mismos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género cuenta con un portal estadístico que incluye en un único espacio datos de diversas fuentes como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial o el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El usuario puede cruzar variables y crear tablas y gráficos para facilitar la visualización de la información, así como exportar los conjuntos de datos en formato CSV o Excel.
Webinar “Las mujeres con discapacidad se quedan atrás en COVID 19
Los ataques contra las mujeres que participan en política van en aumento en todo el mundo. Nuevos datos e investigaciones del Proyecto de Datos sobre Localizaciones y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) revelan cómo la violencia física contra las mujeres en la política está creando obstáculos peligrosos -y a veces letales- a la participación de las mujeres en los procesos políticos. Incluso cuando las mujeres participan en las elecciones en un número récord en todo el mundo, tanto solicitando un cargo como votando, se enfrentan a una reacción cada vez más violenta.
En el transcurso de 2020 y 2021, México, Colombia, China, India, Brasil, Burundi, Myanmar, Afganistán, Filipinas y Cuba encabezarán la lista de los países más violentos del mundo para las mujeres que participan en política. Con la rápida evolución de la situación política y las próximas elecciones en muchos de estos países, la amenaza de la violencia contra las mujeres en la política podría aumentar en el nuevo año. El examen de las tendencias clave de los últimos datos sobre violencia política en estos países proporcionará una visión de lo que habrá que tener en cuenta en 2022 en lo que respecta a los riesgos a los que se enfrentan las mujeres en la política.